CONACyT: Conflicto contra un cambio

En estos días, el CONACyT presentó una denuncia en contra de 31 personas, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Gabriela Dutrénit, por mencionar algunos, a quienes se les imputaron cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Esto generó una reacción inmediata por parte de miembros de la comunidad científica, que reaccionaron indignados ante la situación. Un gran amigo me compartió una petición dirigida a la Fiscalía General de la República, con el título “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”. Cuando la recibí llevaba ya 16,357 firmas de apoyo. Ahí se explica que la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales de parte de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Colegas y amigos mostraron su indignación, ante lo cual yo comenté que me faltaban elementos para poder tener una opinión —por supuesto, no firmé el documento—. Las quejas en contra del CONACyT me provocan incertidumbre: no veo elementos sólidos. El único argumento serio por parte de investigadores del CINVESTAV —con el que coincido— es el del retiro del seguro de gastos médicos mayores, aunque creo que eso lo debieron haber peleado las autoridades de la institución, pues no debió aplicarse el mismo criterio para todas las dependencias públicas.

Paralelamente, una fuente de malestar es la intención de mover a los investigadores del CINVESTAV del apartado “A” al apartado “B” del artículo 123 constitucional, pero eso es una iniciativa del Poder Judicial, no de la Presidencia de la República ni del CONACyT, y ante lo cual la solución es la organización, como pasó cuando el rector Guillermo Soberón intentó la creación de un apartado “C” para aplicarlo a todas las instituciones de educación superior, lo cual no tuvo éxito gracias a la acción de la comunidad académica. Pero como ahora la derecha quiere hacer creer a todo el mundo que estamos en una dictadura, pareciera que la imposición es inexorable. Nada más falso.

La iniciativa de encarcelamiento fue calificada por el rector de la UNAM, Enrique Graue, como un “despropósito” y algo “inconcebible”. En efecto parece algo excesivo, sin embargo valdría la pena analizar el caso con más sutileza. Ayer por la noche tuve la lista de los 31 denunciados y me llevé una sorpresa: la mayoría son exfuncionarios del CONACyT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, no investigadores en activo, de manera tal que, en sentido estricto, la medida no se planteó contra científicos sino contra personajes involucrados en la gestión de la ciencia y la tecnología, y a mi parecer las acusaciones son claras.

Me disculpo por mi ignorancia, pero como académico y científico nunca tuve conocimiento de algo trascendente, relevante y significativo realizado por el Foro Consultivo; y cuando era presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología A.C., jamás tuve contacto con él, aunque creo que debieron habernos convocado para hacer estudios y evaluaciones acerca de la situación de la ciencia y de la tecnología en el país. Siempre me pareció una instancia meramente burocrática, con un gasto exorbitante e innecesario.

Ahora resulta que Enrique Cabrero, exdirector del CONACyT, es un científico perseguido por el Estado, un gran científico víctima de la intolerancia de un régimen equiparable al de Stalin en la Unión Soviética; o Julia Tagueña, hija de un gran republicano español, físico y militar combatiente contra el franquismo, ahora es enemiga de un gobierno de izquierda, que resultó beneficiada por los gobiernos del PRIAN. Es un caso paradójico digno de análisis, como lo es la postura de muchos científicos mexicanos ante el gobierno de la llamada 4T. Los datos no me dan, pues oficialmente el presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación se incrementó —cifras del presidente dadas en su conferencia matutina— así como el número de becas, pero los medios de comunicación dicen lo contario, y siguen atacando un día sí y el otro también.

Al respecto, la noche del miércoles 22 de septiembre, el CONACyT envió un comunicado en el que expresó “su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas “órdenes de aprehensión en contra de científicos”. Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica.

Justo es en redes sociales donde integrantes de la comunidad científica han expresado cómo el CONACyT ha cambiado el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sin consultar a sus más de 30 mil miembros, o la situación crítica por la que atraviesan los beneficiarios del programa Cátedras CONACyT debido a los cambios de su reglamento. Pese a ello, la dependencia afirmó: “Trabajamos para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país. Lo hacemos bajo los principios del humanismo, la ética, la honestidad, la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la inclusión social y el respeto a la libertad de pensamiento y de investigación.

”El Conacyt de la Cuarta Transformación beneficia cada año a más de 130 mil jóvenes becarios e investigadores. En esta administración se ha ejercido un apoyo histórico para impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia de frontera, con más de 2,000 millones de pesos ya asignados, para que la ciencia prospere, para que dé frutos en beneficio de las y los mexicanos y de la humanidad”.

No obstante, estas declaraciones no tienen eco en la comunidad científica y tecnológica. Al parecer, la ideología derechizante los ha hecho refractarios a cualquier argumento. En verdad no entiendo, o bien no tengo cifras, tablas, graficas y más argumentos que me convenzan, no compro equipo de laboratorio ni reactivos, pero recuerdo las épocas del PRI y el PAN donde las quejas eran constantes por la falta de recursos para la investigación. No creo que la situación haya empeorado y para saberlo requería un análisis comparativo, que ahora no puedo hacer.

Lo cierto es que los acusados no ameritan la rección en su defensa de un sector de la comunidad científica, y obvio no puedo decir nada de los medios de comunicación, cuya función —salvo excepciones— es atacar al gobierno con una clara intención golpista. Y qué mejor que usar una imagen inmaculada como la de la ciencia y de los científicos atacados por una dictadura populista y comunista que nos quiere convertir en Cuba o Venezuela: la Ciencia contra la maldad diabólica.

Qué bueno que finalmente el juez desechó las ordenes de aprehensión, así el gran científico Cabrero podrá seguir haciendo investigaciones trascedentes, con grandes contribuciones a la humanidad, así como seguramente todos los demás. No debemos confundir un caso como este, una acusación delictiva, con un conflicto entre visiones de la ciencia. Nada que ver con el caso Lysenko, durante el Stalinismo, con la absurda contraposición entre ciencia burguesa y ciencia proletaria. No, aquí es la ilegalidad contra la legalidad, el abuso contra la honestidad. No es un asunto ideológico, aunque el debate en torno a ello sí lo sea. Este debe ser tema de serias investigaciones.

El Padre Ubú ya me habría mandado al demonio. No le parecería nada relevante esta problemática. Sin embargo, si su reinado hubiera durado más tiempo, y en la fantasía lo tuviéramos ahora, sabría de la importancia del control de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo y habría actuado contra los abusos de los que quisieron abusar de sus phinanzas, aunque, corrupto como era, con seguridad se habría aliado con ellos y eso llevaría a un final feliz.

¡Vamos a interrumpir aquí!

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