Condición laboral de los académicos universitarios

En días pasados ha circulado una noticia en donde se dice que los académicos e investigadores universitarios dejarán de ser trabajadores de base para convertirse en personal de confianza. Ahí se afirma que la Suprema Corte votaría este cambio, según se publicó en el diario Crónica, en una nota de Antimio Cruz: “representantes de 25 sindicatos de investigadores, profesores y trabajadores administrativos de Centros Públicos de Investigación (CPI), solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derecho de audiencia pues el próximo 8 de marzo se podría votar, en sesión plenaria, un cambio a la jurisprudencia del Artículo 123 constitucional que clasificaría a los académicos e investigadores afiliados a estos sindicatos como trabajadores de confianza y no como trabajadores de base, como ocurre actualmente.

”Aunque los CPI son organismos públicos descentralizados con autonomía y legislación propia, el proceso que se lleva a cabo en la Suprema Corte busca incorporarlos al régimen laboral burocrático regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Técnicamente esto implica sacarlos del Apartado A y meterlos al Apartado B del artículo 123 Constitucional. El cambio puede ocurrir en las próximas dos semanas debido a una revisión a la jurisprudencia. P./J. 1/96 pendiente de resolver por el pleno de la SCJN… Los inconformes agregan que se destruiría la estructura académica que soporta estas instituciones de excelencia y la normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, que se ha construido sobre la base de la autonomía de esas instituciones y del régimen del apartado A, similar al de las universidades autónomas por Ley. Adicionalmente, con el cambio se atentaría gravemente en contra del derecho de asociación del personal académico, ya que el régimen burocrático excluye al personal de confianza de la sindicalización

” En entrevista para los lectores de Crónica, Manuel Escobar Aguilar, coordinador de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), explicó que la solicitud de audiencia fue firmada por los sindicatos de trabajadores de 18 Centros Públicos de Investigación de la Red Conacyt (por ejemplo el INAOE, Colef, CICY, CIESAS, CIO, CIDE e Instituto Mora) y los sindicatos de otros siete centros que no están sectorizados en Conacyt como Cinvestav, IMTA, Colegio de Posgraduados y el Colmex.

”‘Algo que afectaría claramente a la calidad académica es que las decisiones de ingreso, permanencia y promoción se verían demeritados porque las decisiones no serían tomadas por pares sino por la dirección general de cada centro o por comisiones formadas por la dirección en procesos unilaterales. Terminaría con la bilateralidad con la que se integran ahora esas comisiones’, explicó Escobar, quien también es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)

”Ante la pregunta de este diario de cuál es el origen o motivo del cambio que ocurre en la Suprema Corte, Manuel Escobar dijo que no tienen información exacta. Sólo se enteraron hace tres semanas que la revisión de la jurisprudencia ya fue aprobada en la Segunda Sala de la SCJN, que preside la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y que actualmente está en el número 8 en la lista de revisión antes de ser presentado ante el pleno de la Corte, lo que podría ocurrir el 8 de marzo”.

A mí, a todas luces, me parece que se trata de una noticia falsa, una más de las llamadas fake news, que se enmarca en el contexto de ataque a las políticas gubernamentales de la llamada “4T”, que se ha exacerbado entre científicos y académicos que en todo momento discrepan del CONACyT, por ejemplo. Esta pretendida intención sería un contrasentido que no podría sostenerse por encima de la acción de los sindicatos de trabajadores de universidades e instituciones de educación superior. A este respecto, un antecedente histórico fue el ocurrido 24 de agosto de 1976. El rector de la UNAM propone incluir un nuevo apartado al 123 constitucional. El rector de la UNAM, Dr. Guillermo Soberón Acevedo, en un documento dirigido al Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, propone la adición de un Apartado C al Artículo 123 constitucional, con la intención de normar las relaciones laborales en las universidades.

Esa propuesta pretendía nulificar los derechos fundamentales conquistados por los trabajadores y plasmados en la Constitución. Entre estos se encuentra el de huelga, ya que en el texto se condiciona: las huelgas solamente podrán ser estalladas “cuando se violen, en forma sistemática, general y reiterada, las condiciones laborales”; se está en contra de la creación de sindicatos únicos: “Los sindicatos o asociaciones del personal académico serán diversos a los sindicatos o asociaciones del personal administrativo”; se impide la posibilidad de que se dé una contratación única para el personal académico y administrativo; las condiciones laborales del personal administrativo se establecerán en un convenio colectivo de trabajo. Las condiciones laborales del personal académico tendrán normatividad en un convenio distinto; los derechos de los trabajadores académicos quedan sujetos al arbitrio de las autoridades universitarias: “Las cuestiones de carácter académico, incluyendo el ingreso, promoción y definitividad del personal académico”.

            Esto se dio en el contexto de una gran efervescencia universitaria donde comenzó a darse la organización independiente de los trabajadores universitarios. Se trató de una propuesta altamente reaccionaria que se enmarcaba en el espíritu anticomunista de las derechas, con posterioridad al movimiento de 1968, en pleno escenario de la Guerra Fría y el ascenso de un sindicalismo de izquierda. El apartado “C” no pudo concretarse gracias a una resolución de la ANUIES, consecuencia de una reunión realizada en el salón Barroco del Edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla, donde su rector, el Ing. Luis Rivera Terrazas, junto con Alfonso Vélez Pliego —en ese entonces Director de Filosofía y Letras de la UAP— fueron contundentes en sus intervenciones en contra de la iniciativa conocida como “la ley Soberón”. El rechazo fue general entre los rectores de las instituciones ahí reunidas, entre gritos de estudiantes que llegamos al Carolino, gritando “contra la ley Soberón, movilización” y una frase genial que decía: “yuju, yuju Soberón, tan simpático, tan amable, tan fascista el hijo de su puta madre”. La propuesta del gran bioquímico no tuvo eco y fue condenada al fracaso.

            Sin embargo, ante su derrota, Soberón decidió crear un sindicato blanco en la universidad de la que era Rector, las Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), que existe hasta la fecha y no defiende a nadie ni hace nada por los trabajadores académicos. Pero la pregunta pertinente es ¿cómo es posible que en el escenario autoritario del régimen de Echeverría no pudo prosperar la propuesta del apartado “C” y cambiar el régimen laboral de los universitarios? Es por lo que me parece impensable que ahora, en la situación actual del país, se pudiera dar una propuesta aberrante como cambiar el estatus laboral de los académicos e investigadores y pasarlos al apartado “B” del artículo 123 constitucional, o volverlos “personal de confianza”, lo cual es en verdad absurdo. El mismo entrevistado dice que no tiene información exacta, lo que sugiere que se trata de un rumor más, tendiente a exacerbar los ánimos en el ambiente académico.

            La situación laboral del personal académico de las instituciones de educación superior es producto de procesos complejos, y en algunos casos de luchas por el reconocimiento de actividades que no son adecuadamente valoradas. La investigación es un claro ejemplo de ello, donde en el conjunto de la sociedad pocas veces se entiende su significado y trascendencia, lo cual contrasta con la actitud de muchos investigadores que se consideran una élite o “casta divina”, que magnifican la incomprensión que se les tienen, situación paradójica que se vive actualmente cuando las constantes quejas de científicos ante las actuales políticas gubernamentales rayan en la exageración.

            El que en las universidades autónomas el personal se haya mantenido en el apartado “A” del artículo 123 constitucional fue sin duda un gran logro, pero no es régimen laboral en todas las instituciones, como el CINVESTAV, donde los criterios de permanencia y promoción han sido diferentes desde sus inicios, o bien el IPN que se rige por las reglas del SNTE sin tener un sindicato independiente y operando bajo el apartado “B” del artículo 123 constitucional. Se trata de un fenómeno digno de análisis, pero de ninguna manera considero que la Suprema Corte pueda intervenir de esa manera y mucho más grave que las instituciones y los sindicatos lo permitan.

            En el reino de Ubú no había sindicatos, ni blancos o charros y mucho menos independientes. Los trabajadores no tenían más derecho que el de servir a su monarca, que ejercía un poder absoluto, como en muchos casos se dio en México, sobre todo a través de la manipulación sindical, que no servía a los trabajadores sino al Estado. Sin embargo, en el México actual existe la esperanza de cambio y por ello pienso que no puede darse un retroceso como aquel del que se habla en algunos medios de comunicación, donde sería insostenible que los trabajadores académicos de base se convirtieran en personal de confianza.

 

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