El problema de la ciencia en México, un debate necesario

Me siguen pareciendo inquietantes, molestas y hostigosas las opiniones y actitudes acerca de la ciencia y la tecnología en el México actual, donde la denostación a las políticas gubernamentales es permanente en un marco de completa ideologización. En los medios de comunicación continúa el golpeteo, tomando como pretexto la supuesta persecución a científicos, que según ellos ha generado un rechazo generalizado, incluso a nivel internacional, lo cual forma parte de una campaña para presentar a la dirección actual del CONACyT y al gobierno de la llamada 4T como algo monstruoso, contrario al conocimiento y al progreso. Donde lo que se encuentra son argumentaciones sin reflexión y lo que se encuentra es la ausencia de un debate serio y fundamentado.

Los supuestos perseguidos, realizaron o realizan actividad científica, en muchos casos de alto nivel, pero las acusaciones que se les han fincado se deben a actividades administrativas y no académicas, que no tienen nada que ver con su práctica científica. En el trasfondo de este caso se encuentra el desplazamiento de un grupo que se había hecho del control de la política científica y tecnológica por años, de acuerdo con una concepción ideológica bien estructurada, siendo una verdadera “burocracia divina”, que se siente dañada al haber perdido sus privilegios. Sin embargo, otro aspecto digno de análisis y reflexión es la carencia de una argumentación contundente por parte de la dirección actual del CONACyT que les haga frente, lo cual favorece la confusión, siendo un grave error del gobierno federal.

A este respecto, Antonio Arellano Hernández y Laura Morales Navarro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, han escrito un magnífico texto[i] donde afirman:

 

El cambio de gobierno federal en México, en diciembre de 2018, detonó una controversia sobre la orientación de la política pública científico-tecnológica entre un grupo que administró la ciencia y la tecnología dirigiéndola hacia la privatización y la innovación subsidiada gubernamentalmente, y otro que recién inicia su administración, intentándola dirigir hacia objetivos de apropiación social y proponiendo dejar la actividad de innovación en manos de las empresas. Esta controversia ocurre entre dos bandos muy compactos y herméticos que despliegan sus acciones en todos los órdenes de la vida pública, instrumentan ejercicios de consultas semi cerradas y se manifiestan con intensidad en los medios de comunicación.

En la controversia antes señalada, subyace un problema de conceptualización del proceso científico-tecnológico e innovativo y de sus funciones en la sociedad, y otro, de las políticas y acciones públicas. Respecto al primer problema, el primer bando de la controversia hipostasia el fomento gubernamental y el financiamiento público a la innovación. Ideológicamente, supone una secuencia lineal del progreso científico-tecnológico en la que los avances conceptuales de la ciencia básica son puestos en marcha instrumentalmente en la ciencia aplicada; en su turno estas instrumentalizaciones científicas son convertidas en objetos y procesos tecnológicos en el seno de las empresas, detonando procesos de desarrollo económico; finalmente, se asume que este desarrollo económico soporta procesos de desarrollo social. El segundo bando, considera que el proceso científico y tecnológico tiene un desarrollo de efectos diversificados. Ideológicamente, supone que el conocimiento científico genera cambios científicos, técnicos, económicos, sociales, intelectuales y culturales. En el fondo, su exposición sólo esta soportada por ‘la idea de que el desarrollo científico y tecnológico deben ser apropiados socialmente y que deben realizarse con responsabilidad ambiental y social’ —como ha expresado Álvarez-Buylla (2018)—.

 

Como se desprende de la exposición anterior, se requiere poner las cosas en claro, entendiendo las posiciones de las diferentes partes de la controversia y abordándolas desde una perspectiva científica, histórica y sociológica, y no sólo como un debate político y de conflicto de intereses, remontando las visiones simplificadoras. Nos encontramos ante modelos opuestos de la concepción del desarrollo científico y tecnológico. Uno, correspondiente a una concepción neoliberal que orienta la política gubernamental a la innovación, al servicio de la empresa privada; mientras que el otro modelo se orientaría, tal como plantearía Jürgen Habermas (La reconstrucción del materialismo histórico, 1992), a “la exigencia de vincular el desarrollo y la valorización de las fuerzas productivas a procesos democráticos de decisión”. Arellano Hernández y Morales Navarro consideran que, “para países como México, el contenido de la noción habermasiana sobre las funciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad es interesante pues proporciona elementos de estudio de las políticas públicas de ciencia y tecnología desde una perspectiva que vincula funciones sociales e ideológicas de los asuntos públicos y del conocimiento científico y técnico”.

Ver el problema de la política científica y tecnológica como un problema de investigación sería un avance que permitiría generar un debate de nivel más allá de confrontaciones ideológicas. Sería lo necesario, aunque en ambas partes no se ve voluntad para ello.

Estos problemas, como digo con frecuencia, no serían de la incumbencia del Padre Ubú. No eran propios de su época, pero él sin duda hubiera preferido a tecnócratas neoliberales que lo hubieran apoyado para consolidarse como “el señor de las phinanzas”.

¡Para mí es suficiente!

 

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[i] “Política científico-tecnológica como proceso de investigación: hacia el dimensionamiento simultáneo de los problemas públicos y de los dispositivos nacionales de investigación científico-tecnológica”, en: Germán Sánchez Daza y Naxeai Luna Méndez (Coordinadores) La educación superior en México. Políticas, desarrollo regional y mercado laboral, BUAP Ediciones, 2020.