La Rectoría de la UNAM, ¡ésa es la cuestión!

Recientemente el diputado por Morena Armando Contreras expresó la importancia de modificar la Ley Orgánica de la UNAM para modificar el procedimiento de elección del Rector, que recae en la “Junta de Gobierno”. A mi juicio, me parece una iniciativa muy importante que al parecer no prosperó. Me parece una idea trascendental que hace frente a una inercia aberrante de hace décadas. En efecto, la elección del Rector y de los directores debe ser una facultad de la comunidad universitaria y no de un grupo de élite como es la Junta de Gobierno.

Según una página oficial de la UNAM, “este órgano fue creado en 1945 y se integra por quince distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos por el Consejo Universitario y, en ocasiones específicas, por la propia Junta. Entre sus facultades está la de nombrar al Rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como designar a los miembros del Patronato Universitario.

”Para ser miembro de la Junta de Gobierno es necesario ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 y menor de 70 años, poseer grado universitario superior al de bachiller, haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación a la UNAM o haber mostrado en otra forma interés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente. La ley orgánica de la UNAM establece que el cargo es honorario y que el Consejo Universitario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al de más antigua designación.

La Junta celebra sesiones ordinarias una vez por mes y se reúne también cuando es convocada por su presidente, por el Rector o por cinco de sus miembros. Sesiona válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y toma sus decisiones por mayoría absoluta de votos de los concurrentes, salvo casos especiales, como la elección de Rector, en la cual se requerirá una mayoría calificada de diez votos, o la designación de directores de facultades, escuelas e institutos, en la cual es indispensable una mayoría de ocho votos”.

Evidentemente este texto carece de historicidad. La pregunta fundamental es, ¿por qué en 1945 se crea esa Junta de Gobierno, cuando la universidad obtuvo su autonomía en 1929, cuando se decretó su Ley Orgánica? ¿Qué fue lo que pasó? La Ley Orgánica original establecía que el Consejo Universitario, como máxima autoridad de la UNAM, nombraba al Rector, pero se dieron numerosos conflictos que llevaron al nombramiento de varios rectores. La inestabilidad condujo a que el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, escuchando a sus asesores, impusiera un procedimiento autoritario y centralizado para la designación del Rector y eso fue la creación de la Junta de Gobierno.

Los miembros de la primera Junta de Gobierno fueron: Antonio Caso, Manuel Gómez Morín y Fernando Ocaranza (ex-rectores), Manuel Sandoval Vallarta, Ignacio Chávez, Mariano Hernández, Jesús Silva Herzog, Manuel Martínez Báez, Abraham Ayala González, Federico Mariscal, Alfonso Reyes, Ricardo Caturegli, José Torres Torija, Gabino Fraga y Alejandro Quijano. Fue el inicio del establecimiento de una élite impenetrable, alejada de la comunidad universitaria.

Se trata de un fenómeno sociohistórico aberrante que, por desgracia, perdura hasta nuestros días. Se trata de una estructura cuasi-caciquil donde unos cuantos “iluminados” deciden por encima de la voluntad de una inmensa comunidad, como si estuviéramos en el peor momento de la Edad Media. Se trata de una cuestión que no es trivial, pues nos encontramos con la institución educativa más importante del país y de América Latina. Evidentemente, la decisión de Ávila Camacho era tener el control total de una universidad que crecía y en la que confluían diversas formas de pensamiento, y eso era peligroso para el régimen y había que normalizar todo. Pero en este momento, en pleno siglo XXI, en una etapa de transformación política, lo pertinente para la UNAM es que la Junta de Gobierno desaparezca y que la comunidad universitaria nombre a sus autoridades.

Es patético que la Junta nombre a directores que ni siquiera conocen la problemática de las facultades que van a gobernar, o rectores sin real experiencia de gestión, más allá de lo burocrático. Se requiere el debate y la discusión de proyectos estructurados, de planes rigurosos de trabajo, basados en cifras y datos, no intenciones ni opiniones, pero eso no ocurre. Cuando un candidato a la dirección de una facultad entrega esos documentos, no los ve la comunidad, se quedan en manos de la rectoría y en el mejor de los casos de la Junta de Gobierno.

Aquí pienso en la UAP y en el proceso extraordinario de Reforma Universitaria, donde se desapareció el “Consejo de Honor”, donde hasta el arzobispo de la iglesia católica era miembro, y el Consejo Universitario tomó el control de la designación de las autoridades de la institución, hasta el momento en que se dio el paso trascendental de que el nombramiento del Rector y los directores fuera por “voto universal, directo y secreto”, lo cual pudimos imponer con la fuerza de la comunidad universitaria. Ahora la UAP —mal llamada BUAP— se derechizó y ese procedimiento desapareció, pero afortunadamente no existe una junta de gobierno, aunque la decisión la toma un Consejo Universitario manipulado por la rectoría.

Es lamentable que en el poder legislativo no se tomen posturas claras al respecto de la elección del rector de la UNAM, que es algo urgente de modificar, ya basta que una élite dorada gobierne los caminos de la educación superior en la institución emblemática de México.

El Padre Ubú seguramente no entendería estas cosas, pero bueno, son algo ajeno a sus ámbitos de su competencia y de la Madre Ubú y el Capitán Bordura.

¡Vamos a interrumpir aquí!